El proyecto se presentaba como un fuerte condicionamiento del Congreso al Poder Ejecutivo para el endeudamiento externo futuro pero durante su discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se suavizó con una serie de modificaciones, lo que hizo que el oficialismo también acompañara su aprobación.
La iniciativa plantea que el Gobierno deberá enviar una ley especial al Congreso cuando quiera salir a tomar deuda, salvo en los casos en que se trate de una préstamo con organismos internacionales de crédito de los cuales la Argentina forme parte, como el FMI, Banco Mundial o el BID.
También establece que las empresas con participación mayoritaria del Estado deberán presentar un plan financiero anual ante el Congreso.
El senador del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, destacó que el proyecto apunta a “fortalecer el control parlamentario” y responde a la “necesidad de que la Argentina no vuelva a caer en ciclos de endeudamiento”.
La iniciativa de Pichetto y Rodríguez Saá fue presentada en medio del debate sobre la ley que habilitó el pago a los holdouts, como una forma de limitar al Gobierno en su afán por salir a tomar deuda en el mercado internacional.
La idea inicial compartida por todo el arco peronista era que esto sirviera para asegurarse de que el Poder Ejecutivo enviara una ley especial cada vez que quisiera tomar deuda, para controlar que el dinero se destinara a obras de infraestructura y no a gasto corriente.
Sin embargo, las modificaciones introducidas lo suavizaron al punto tal que el oficialismo acompañó el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La exclusión de las empresas estatales y la libertad para que el Gobierno se endeude con los organismos multilaterales de crédito de los cuales forme parte fueron los dos cambios que el oficialismo había solicitado.
