Por eso, la diputada Lilia Puig de Stubrin presentó un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que explique la manera en la cual se decidió esta asignación; si se cumplieron con las disposiciones establecidas por la ley de Ciencia; Tecnología e Innovación sobre los objetivos de la política científica en materia de fijación de prioridades; la concurrencia en el financiamiento del Sistema Científico y el proceso de licitación y concurso público, entre otras cosas.
“Preocupa la creación por fuera del marco legal que regula las actividades de ciencia, tecnología e innovación productiva y por vía del Ministerio de Economía y Producción, sin la participación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la formación de la Fundación con fondos del Estado Nacional, sin que se conozca el criterio sobre la viabilidad técnica, del organismo especializado en el tema”, señaló la diputada Puig de Stubrin.
Además, al dar a la Fundación por decreto plena capacidad para realizar cualquier actividad dirigida en forma directa o indirecta al cumplimiento de los fines tenidos en cuenta para su constitución se están excediendo las competencias propias de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Aún más, en cuanto a sus capacidades, la Fundación resulta autorizada para: adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento del objeto fundacional, según lo expresa literalmente el decreto, agregó. Asimismo no queda claro que los fondos aplicados al sistema local estén únicamente destinados a la publicación de artículos especializados y formación de nuevos doctores que luego deberán emigrar del país pues no tendrán empresas locales con la capacidad de implementar, desarrollar y patentar las llamadas “nanotecnologías”.
“El Gobierno debe informar si el decreto por el cual se creó la Fundación Argentina de Nanotecnología se sustenta en dictámenes jurídicos de los órganos de control en materia de legalidad, económico financiero y de gestión. También, deberá responder si al determinarse el aporte del Estado para la constitución de la Fundación Argentina de Nanotecnología se garantizaron iguales oportunidades de participación a todos los posibles grupos de investigación y desarrollo del sistema tecnológico del país, mediante concurso público”, señaló Puig de Stubrin.
Agregó que “el artículo 12 de la ley 25467, crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de innovación como organismo encargado de la promoción y de administración de los fondos provenientes de las distintas fuentes y los adjudica a través de evaluación, concursos, licitaciones o con mecanismos equivalentes que garanticen transparencia. Pero aquí tenemos una adjudicación directa de fondos que termina quebrando el sistema científico-tecnológico nacional por alterar el espíritu de la norma dictada por el Congreso con un decreto del PEN, que solo puede ser modificado por otra ley. Esta norma de inferior jerarquía desnaturaliza además el sistema de controles de la autoridad de aplicación (Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), en relación a las planificaciones futuras, porque admite la creación de futuras fundaciones por fuera de la ley 25.467”.
Puig de Stubrin recordó que “horas antes de que se publicara en el Boletín Oficial la Resolución 380/2005, por la que se autorizó al Ministerio de Economía a crear e integrar la Fundación Argentina de Nanotecnología, se confirmaba que se sustentaría la creación en un acuerdo con la empresa Lucent - Bell, y la formación de un directorio presidido por el secretario de Industria e integrado por representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la mencionada empresa, quien pondría a disposición de investigadores argentinos y para formación de personal, testeo de diseños y otras actividades conexas sus instalaciones. Este acuerdo habría sido gestionado por un investigador que el ministro de Economía designa simplemente como Dr. Pérez. Entre las disposiciones del Decreto también se obliga el Estado Nacional al aporte de diez millones de dólares durante los primeros cinco años, conforme a un Plan de Trabajo que será establecido por un Consejo de Administración que dirigirá y administrará la Fundación. Todo esto tiene muchos puntos que necesitan aclaración”.
Acompañan esta iniciativa con sus firmas los diputados nacionales de la UCR, Roberto Iglesias, Miguel Giubergia, Alberto Beccani, Fernando Chironi y Luis Borsani
