La cartera ministerial indicó que este aporte le permitirá al Estado Nacional contar con una nave de avanzada tecnología que posibilitará “el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes escenarios de la hidrovía donde se desarrollen operaciones de seguridad”.
Se puntualizó que el yate, ploteado con la leyenda “Embarcación recuperada de la corrupción”, será ahora utilizado en la lucha contra el crimen organizado, el delito complejo o donde se requiera la presencia del Estado Nacional.
El juez Casanello había dispuesto que la cartera de Seguridad fuera depositaria judicial de la embarcación, un Altamar 64 secuestrado en el marco de la causa seguida contra Jaime por enriquecimiento ilícito, actualmente en etapa de juicio oral.
En su fallo, el juez tuvo en cuenta lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción así como la normativa interna, y tuvo la intención de darle una finalidad “pública, social y reparadora” a uno de los bienes que está sospechado de haberse adquirido de manera ilícita.
Incluso, el juez citó como antecedente una medida similar que se dispuso sobre los bienes del empresario detenido por lavado de dinero Lázaro Báez: la maquinaria de sus empresas también fueron cedidas al Estado Nacional.
