La entidad remarcó que la medida no reduce intereses resarcitorios o punitorios y/o multas a la fecha de consolidación del plan y que, a su vez, posee una tasa financiera que será establecida por el nivel de tasas activas del Banco Nación (plazos fijos), más recargos del 2 al 6 por ciento para las pymes.
Las autoridades de AFIP reconocen que el stock de nueva deuda generada tras la moratoria es de alrededor de 30.000 millones de pesos, lo que representa un total de 1.666 millones de dólares, hecho que “resulta de la falta de respuesta del gobierno a los reclamos realizados, junto con la necesidad de declarar el estado de emergencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y de no haber tomado a tiempo las medidas contracíclicas pertinentes”, enfatizó la entidad.
El anticipo mínimo será de 1.000 pesos, y no podrá ser menor al 5 por ciento o 10 por ciento de la deuda consolidada, según lo establecido por el Sistema de Perfil de Riesgo (Siper).
Para Apyme, la evaluación del grado de riesgo de cada contribuyente “será utilizado con la misma lógica del riesgo país, lo que llevará al aumento de las tasas de financiación”.
Ese procedimiento “significa persistir en la implementación de medidas procíclicas, es decir pro-recesivas”, advirtió la entidad, al tiempo que explicó que “en la misma dirección va la exclusión del plan de facilidades de las pymes acogidas a los planes de diferimiento del vencimiento por 60 días del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.
“Esto es difícil de comprender, ya que se damnifica precisamente a las empresas más débiles”, apuntó la entidad.
Apyme alertó al gobierno nacional que “de no modificarse estas orientaciones, en el corto plazo se volverán a producir bolsones de deuda tributaria vinculadas a una política de ajustes tarifarios, descontrol del dólar, crecimiento de la inflación, achicamiento del mercado interno y apertura a las importaciones”.
