La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, sumó su voz ante este escenario y pidió hoy sanciones contra los abogados del ex ministro kirchnerista -basándose en el artículo 113 del Código Procesal Penal"- por haber presentado sus renuncias "sin razones atendibles" con el objetivo de "demorar el inicio del juicio", y reclamó a través de su cuenta oficial de Twitter la "intervención de la Defensora Oficial, Paola Bigliani".
La renuncia de los abogados del actual diputado del FpV a todos los expedientes en los que éste se encuentra acusado, fue presentada por los letrados como una decisión tomada de común acuerdo.
Además, esta renuncia se da cuando un fiscal solicitó la detención de De Vido en la causa por supuesta malversación de fondos para modernizar la mina de carbón de Río Turbio.
Los abogados renunciantes -Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni- sostuvieron que la renuncia se debió a que en ninguna instancia judicial se les dio la "oportunidad real de contar con un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal".
"Las características del proceso que está llevando a De Vido a juicio oral en la causa Once (replicando lo que ocurre en casi todas las otras causas que se le siguen al ex ministro) vulneran todos los mandatos constitucionales que regulan el proceso penal y el derecho de defensa en juicio", sostuvieron los letrados en un comunicado.
Remarcaron también que "el desarrollo del proceso se reduce a un ritualismo vacío que tiene por objetivo sólo la condena de Julio De Vido", y agregaron que esta situación "funda la conciencia de la imposibilidad del ejercicio pleno y regular de la defensa en juicio".
En el mismo texto señalaron que se trató de "una decisión dolorosa, pero necesaria porque responde a la excepcionalidad e intolerabilidad de una realidad que jamás, en largos años de profesión, e incluso de magistratura" dicen haber presenciado.
Por otra parte, el fiscal federal Carlos Stornelli insistió en reclamar la detención del ex ministro por una causa de supuesta corrupción, para lo cual De Vido debería ser primero sometido a un proceso de desafuero, dado que es diputado nacional.
Stornelli apeló la decisión del juez federal Luis Rodríguez de no solicitar la detención de De Vido en la causa por supuesta malversación de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
La apelación, junto con otras planteadas por las defensas de los imputados en el caso, será tratada el 3 de octubre en una audiencia ante la sala II de la Cámara Federal porteña, informaron a Télam fuentes judiciales.
El fiscal, que ya había solicitado la detención de De Vido a principios de julio, insistió en que, por la "gravedad del hecho" investigado y su trascendencia pública, el ex ministro de Planificación Federal debería ser detenido en prisión preventiva.
Stornelli solicitaba la detención para evitar que se conforme "una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias", según consta en el expediente.
Como el ex funcionario es en la actualidad diputado nacional, si algún juez hiciera lugar a la solicitud del fiscal, debería reclamar el desafuero a la cámara baja del Congreso antes de ordenar un eventual arresto.
Hace diez días, el juez Rodríguez citó a indagatoria al ex ministro De Vido y a otras 36 personas a las que les prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el presunto desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El juez convocó a De Vido para el 28 de noviembre, para cerrar la ronda de indagatorias que comenzará el 3 de octubre, según consta en el cronograma que incluyó en su fallo de 30 páginas.
En el expediente se investiga la presunta malversación de 26.000 millones de pesos que el desaparecido Ministerio de Planificación destinó a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos.
