En la investigación judicial, iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, se detectó que el monto del fraude sería superior a los 650 millones de pesos y que habría sido cometido a través de trámites de internaciones domiciliarias que no se realizaban.
Los seis trabajadores de la obra social están procesados y próximamente serán citados a prestar declaración indagatoria.
Lo mismo se espera que ocurra con los responsables de las cinco empresas de internación domiciliarias que habrían intervenido en la estafa y que actualmente son prestadoras de IOMA.
Los sancionados por la conducción de la obra social son el director de Finanzas Diego Osvaldo Giovanetti y los empleados que tenían a su cargo el área de Internaciones Domiciliarias, Romero Pelayo Aner, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle.
En la causa investiga los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, “peculado de caudales”, “fraude en perjuicio de la administración pública”, “uso de documento público falso” y “asociación ilícita”.
La denuncia fue presentada, entre otros, por la diputada Elisa Carrió, y la lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta.
