En primer lugar, el Ejecutivo remitió a las Cámaras legislativas el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2018, la Reforma Impositiva y la ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, tanda de proyectos que parlamento bonaerense terminó sancionando el pasado 14 de noviembre.
Pero Salvai y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, brindaron detalles de otros proyectos de ley que ingresarían en la Legislatura provincial para ser tratados, eventualmente, antes de la renovación parlamentaria que se realizará el próximo 10 de diciembre.
Pues, según detallaron, la segunda tanda de envío estaría integrada por dos proyectos: uno que establece la derogación de las jubilaciones especiales, en los casos del gobernador, vicegobernador, ministros y legisladores y, por otro lado, un nuevo proyecto de normas para que los legisladores presenten Declaraciones Juradas como ya vienen realizando los miembros del Ejecutivo y la cúpula policial de la provincia.
Por último, y según adelantó en su oportunidad Salvai, el Ejecutivo remitiría a la legislatura un proyecto de ley de reforma de la ley de Ministerios con la idea de reducir significativamente el gasto político en la administración pública provincial.
La idea es reducir gastos burocráticos políticos en unos 500 millones de pesos y, al mismo tiempo, avanzar en una gestión más ágil y eficiente, se indicó oficialmente.
Este último proyecto funcionó como elemento de presión para que los legisladores hicieran lo propio con su presupuesto para 2018, lo que finalmente hicieron al llevar el tope presupuestario del 1,6 % al 1,2 % en relación al presupuesto general de la provincia, lo que finalmente implicó un achique del gasto en la legislatura de 2.700 millones de pesos.
Ahora el Gobierno de Vidal evalúa remitir la segunda tanda de proyectos que estaría compuesta por la reforma de la Ley de Ministerios para así eliminar reparticiones del Estado provincial, de tal forma que se pueda bajar el gasto político sin afectar a los trabajadores de carrera.
La idea es ahorrar 500 millones de pesos y que los legisladores lo consideren en las últimas sesiones ordinarias que tienen previsto realizar el próximo 30 de noviembre.
