Desde junio pasado, el magistrado se había jubilado por padecer graves problemas de salud y los casos que llevaba su juzgado pasaron a Loretta Preska, quien también instruye la demanda por la expropiación de YPF.
Era visible el delicado estado de salud que tenía Griesa y llegó a tal punto que algunos abogados llegaron a decir que se dormitaba en el transcurso de las audiencias o formulaba repetidamente las mismas preguntas.
Aunque fueron muchas las resoluciones que adoptó contra la Argentina, la más trascendente fue la que dictó en diciembre de 2011, por el cual consideró que la Argentina había violado la cláusula de trato igualitario (pari passu) al pagar los servicios de deuda emitidos en los canjes 2005 y 2010 y no hacerlo con los emitidos con anterioridad.
Así, obligó al gobierno de Cristina Kirchner que en cada pago de servicios también lo hiciera con NML, pertenenciente al fondo Elliott de Paul Singer, y a otros fondos buitre, como Aureluis, en un fallo que luego fue confirmado por la Cámara y como finalmente la Corte de Estados Unidos evitó tomar el caso, la sentencia quedó firme en 2014 y la Argentina entró en default.
Pese a las interminables negociaciones iniciadas con el gobierno y que tuvieron como interlocutor designado por Griesa, al mediador Daniel Pollack, nunca se pudo arribar a un acuerdo definitivo.
Griesa fue muy cuestionado por analistas locales y por los funcionarios del Gobierno por haber beneficiado a los intereses de los fondos buitre.
Sin embargo, cuando el presidente Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 ordenó a los funcionarios de Economía iniciar rápidas negociaciones para destrabar el conflicto.
De este modo, a fines de abril de 2015, la Argentina transfirió 9.300 millones de dólares para resolver el litigio con fondos buitre y con organizaciones de pequeños ahorristas y poner fin a un conflicto que llevó 15 años .