En tal sentido, Luciana Padulo, consejera general de Educación de la Provincia, manifestó: “Podríamos discutir el qué, pero el problema con este gobierno es el cómo. Como gestión están en todo su derecho de diseñar y aplicar las prácticas que les parezcan, el problema es que no trabajan para hacerlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que se trata de niños, y de docentes”.
“No se puede jugar con el futuro de los chicos, solo para que esta administración se jacte de ser la abanderada en el ahorro que pidió la Gobernadora, a costa de vulnerar derechos, para optimizar recursos”, finalizó Padulo.
Por su parte, el diputado provincial Lisandro Bonelli expresó: “La gobernadora tiene que dar explicaciones de por qué quiere cerrar 39 escuelas, sin consultar a padres docentes o al arco político. Esas decisiones requieren un debate entre todos los sectores involucrados. Tenemos que discutir qué herramientas se les da a los chicos, incluir más tecnología y qué tipo de recursos humanos va a necesitar nuestro país en los próximos años”.
En sintonía, en la Legislatura bonaerense el bloque del Frente Renovador presentó un Pedido de Informes donde exige a la Gobernadora María Eugenia Vidal explicaciones sobre las cuestiones que llevaron al cierre de los establecimientos educativos en las Islas.
“El cierre de estas salas y establecimientos educativos provocará que algunos maestros, directivos y personal no docentes sean desplazados producto de las probables reubicaciones en otras escuelas”, resaltó el diputado Juan Andreotti, autor de la iniciativa parlamentaria.
Y advirtió: “Esta medida desestabiliza la posibilidad de la organización familiar de los isleños cuya primera contención social es la escuela, teniendo en cuenta que, en las islas, los establecimientos educativos cumplen un papel fundamental de la socialización con toda la comunidad en su conjunto, no sólo con los niños matriculados”.
