El pasado 27 de abril, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de Ley Antifarmacity, impulsado por los legisladores del Frente Renovador, Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde.
Al respecto, el diputado Bonelli sostuvo: “Nos parece muy positivo que la Corte Suprema haya convocado a una audiencia pública para escuchar a expertos de todos los ámbitos sobre el tema Farmacity. Es una señal de transparencia. Tiene que quedar claro ante la Justicia que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, utilizó su posición en el Estado para hacer negocios, no le importó en lo más mínimo lo que dicta la ley de la Provincia de Buenos Aires. Exigimos la renuncia de Quintana”.
Por su parte, Lissalde afirmó: “Me genera una gran satisfacción saber que la Corte Suprema convocará a una audiencia pública por la ilegal maniobra de Mario Quintana. Tiene que quedar en claro que los funcionarios no pueden utilizar al Estado para favorecer negocios particulares”.
En los artículos 3° y 14°, la Ley 10.606 establece que las farmacias son un servicio de bien público, y que “solo serán autorizadas las instalaciones […] cuando la propiedad sea: de profesionales farmacéuticos con título habilitante, de sociedades colectivas o de Responsabilidad Limitada, de sociedades en Comandita Simple, de establecimientos hospitalarios, de obras sociales, entidades mutualistas y/o gremiales”, por lo que excluye de manera taxativa la presencia de Sociedades Anónimas. Además, regula la instalación de las farmacias con parámetros demográficos y geográficos, y prohíbe posiciones dominantes en el mercado. Sin embargo, desde el año 2010 la cadena insiste en modificar la legislación para que el negocio puede finalmente desembarcar al territorio bonaerense.
