Puntualmente, el proyecto plantea la "inmediata rescisión de pleno derecho de los contratos de Obra Pública provincial que se encuentren en ejecución y cuyo contratista se hubiere acogido judicialmente a la figura de arrepentido , admitiendo haber dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a funcionarios públicos".
La iniciativa tiene por objetivo fundamental "reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos", en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como "el arrepentido" y de "responsabilidad penal empresarial".
En ese sentido, el autor de la iniciativa, el legislador tresarroyense Pablo Garate expresó que "los hechos de público conocimiento, que tuvieron lugar recientemente y difundidos a través de la prensa, ponen de manifiesto un entramado de corrupción público-privada, que pone a la ciudadanía en un estado de alarma social cuya consecuencia lógica es el cuestionamiento de las instituciones, por eso creo conveniente solicitar a las autoridades provinciales que actúen conforme a lo que la legislación vigente establece y la ciudadanía demanda".
Además, Pablo Garate presentó una Solicitud de Informe pidiendo que a través del organismo que corresponda, se informe el listado de empresas que se encuentren ejecutando contratos de obra pública en la Provincia de Buenos Aires.
"La corrupción afecta estructuralmente a toda la sociedad.
Las estrategias de prevención y combate de la corrupción deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan los colores políticos de quienes transitoriamente ocupen los cargos de la administración pública", finalizó el legislador Garate.
