“El gobierno de Mauricio Macri quiere que su impericia y la crisis que generaron la pague la gente. Esta decisión de favorecer y permitir a las empresas que trasladen el costo de la devaluación a los usuarios confirma que sólo trabajan para las concesionarias de servicios públicos y nunca para los ciudadanos”, expresó Lorenzino.
La postura del Defensor del Pueblo tiene que ver con la medida de la Nación que habilita a las prestatarias a cobrarle a los usuarios a partir de enero de 2019 un extra en 24 cuotas mensuales para cubrir la deudas que generaron con las petroleras por el salto que pegó el dólar entre abril y septiembre, lo que encarecerá aún más el servicio que acaba de subir un 35%.
En ese sentido, Lorenzino confirmó que “impugnaremos esta decisión ante el Enargas y los organismos que correspondan, pero lamentablemente este Gobierno lo único que hace es profundizar la crisis en el bolsillo de la gente, especialmente en los sectores más vulnerables”.
Además, el Defensor del Pueblo puntualizó que “sin certezas sobre el tipo de cambio no es fácil calcular la deuda total que se traspasará a la gente, porque además se le añadirán intereses que las distribuidoras deben a las petroleras, tal como está previsto en las normas de las licencias que no se modificaron. Tampoco queda claro si cuando se produzca un nuevo aumento en abril, la deuda se engrosará con la diferencia entre el tipo de cambio que se negocia ahora y el que efectivamente se registre”
