La idea es que las comunas absorban un piso de 10.500 millones sobre un total de 25.000 millones de peos del ajuste que el gobierno nacional impuso a Vidal por el traspaso de transporte y tarifas eléctricas.
Los intendentes de la oposición, que suman 66, ya expresaron su rechazo.
"El año 2019 se presenta como un año desafiante en términos fiscales, ya que se traspasarán a la provincia responsabilidades que se encontraban en cabeza del Estado nacional, como las tarifas sociales de Edenor y Edesur, y los subsidios al transporte automotor de pasajeros", explicó la gestión de Vidal al enviar su mensaje a la Legislatura.
Del mismo modo, enumeró que se llevaron adelante otros cambios en el vínculo entre la Nación y las provincias, con la eliminación del Fondo Federal Solidario (modificación parcialmente compensada con el restablecimiento de los reintegros de la exportación), ajustando los montos destinados a obras y las transferencias corrientes.
"El traspaso de gastos a la provincia de Buenos Aires es de una importante magnitud, semejante al déficit previsto para 2019", argumentó el Ejecutivo bonaerense, al explicar su decisión de transferir parte del ajuste a las comunas.
Destacó que en 2018 las transferencias a los municipios alcanzaron unos $1800 millones, y se elevaron un 40% respecto del año anterior.
"En 2019 el traspaso de responsabilidades exige revisar la asignación de funciones a cada nivel de gobierno", estimó.
Dijo que resulta natural que los gobiernos municipales afronten el costo de la tarifa social de la energía eléctrica en virtud de la distribución geográfica de los beneficiarios, se argumentó. Esto implica un costo de 8.000 millones de pesos a dividir entre los municipios, según datos preliminares no expresados en el presupuesto.
Además, se transferirán los costos de la Ceamse, por otros 2.534 millones de pesos.
Los intendentes del conurbano fueron notificados de que en 2019 deberán destinar el 100% del Fondo Educativo a obras, en tanto en el interior se destinará el 70% a edificios.
