El procedimiento se inició cuando la División Protección de la Residencia Presidencial de Olivos, a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), fue notificada sobre la presencia de un hombre con un arma blanca que manifestaba intenciones de autolesionarse un brazo, en el cruce de las calle Villate y Salta, a 100 metros del ingreso principal a la Quinta de Olivos.
Fuentes policiales detallaron a Télam que el hombre pedía la presencia de un juez para denunciar que sus teléfonos están intervenidos.
Al identificarlo, la policía determinó que se trataba de la misma persona que el pasado 9 de septiembre arrojó una bomba tipo molotov sobre uno de los paredones de la residencia presidencial, sobre la calle Malaver al 1300.
Al lugar arribaron efectivos de la seccional quinta de Vicente López, con jurisdicción en la zona, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
Luego de unos minutos, los policías lograron quitarle el cuchillo y el hombre fue trasladado a un hospital de la zona para ser evaluado por personal psiquiátrico.
Fuentes judiciales indicaron a Télam que la misma persona, cuya identidad se reserva, había sido declarada inimputable por la Justicia en el marco de la causa por la molotov y que entonces quedó a disposición del Tribunal de Familia porque poseía antecedentes psiquiátricos.
Tras ese hecho de septiembre, el Cuerpo Médico Forense (CMF) remitió un informe al Juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, en el que se le diagnosticó un “síndrome delirante persistente”.
