Luego de que el intendente vetara la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Pinamar -1651/2020-, que buscaba prohibir la habilitación municipal de inmobiliarias que operen bajo nombre de fantasía y/o en representación de marcas, franquicias o licencias, ahora el legislativo local aprobó una nueva norma que, según los especialistas, es inconstitucional.
Esta última ordenanza prohíbe “la publicidad dentro del radio del Partido de Pinamar y la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias de cualquier tipo y de comercios inmobiliarios, que no cumplan con lo dispuesto por la ley 20.266 y sus modificaciones y por la 10.973 y sus modificaciones”.
En este sentido, los especialistas advierten, considerando las dos leyes que menciona la ordenanza, que no existe ninguna restricción a la publicidad inmobiliaria. Ya que la ley 20.266 solo establece ciertos requisitos de la publicidad para el caso de los martilleros, quienes deben “anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio”.
Pero lo relevante es que los municipios no tienen facultades para legislar sobre cuestiones de fondo en cuanto a publicidad. Justamente con este punto coincidió el propio intendente Yeza y así lo expresó en los considerandos del veto a la resolución anterior, donde destacó que los municipios no pueden legislar sobre publicidad.
Las razones del Concejo Deliberante
A través de un comunicado en sus redes sociales, el partido Propuesta Pinamar – Propin- destaca que “están decididos a acompañar a los martilleros e insistir con la Ordenanza para proteger su trabajo”. El comunicado está acompañado por un video en el que habla la concejal y vicepresidenta tercera del Consejo Deliberante, Gabriela Ferretti, donde destaca: “Escuchamos al Colegio de Martilleros y al Centro de Martilleros y Corredores Públicos local pidiendo regularizar la actividad inmobiliaria”.
Ante esto, uno de los corredores afectados por estas ordenanzas explicó a un medio local que “no existen franquicias inmobiliarias, las oficinas están a cargo de corredores matriculados en el Colegio que, en pleno uso de sus libertades constitucionales, contratan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria: sistemas informáticos, estrategia de marketing, herramientas de gestión, entre otros”.
El matriculado explicó que “se franquician las marcas y ciertas herramientas apuntando a potenciar la profesionalidad de los corredores inmobiliarios. Cada oficina inmobiliaria adherida a estas marcas se identifica ante el público con el nombre personal del matriculado, sus datos profesionales (N° de matrícula) y la marca de la empresa con la que contrató junto a su nombre, de fantasía o propio”.
Ni Propin ni la concejala Ferretti explican en el comunicado los motivos por los cuales dan lugar a lo solicitado tanto por el Colegio como por el Centro, en detrimento de otros matriculados que pertenecen a la misma organización y que contratan servicios adicionales para ejercer su profesión. Ferretti no menciona que es Martillera y Corredora Pública de Profesión y que fue titular de Gabriela Ferretti Propiedades por casi 20 años, según lo declarado en su perfil de LinkedIn.
Ferretti, quien desde 2003 es dueña del Apart Valeria Cielo, ubicado Valeria del Mar, fue denunciada durante la última sesión especial del Concejo Deliberante en 2018, cuando presidía el Concejo, por su par de Cambiemos, Lucas Ventoso, por levantar un estacionamiento privado sobre el espacio público para beneficiar a su hotel. Pero lo significativo, es que Valeria Cielo fue usado también por su dueña en 2016 para un encuentro del Centro Profesional de Martilleros y Corredores Públicos con concejales de Propin, con quien mantiene vínculos desde su época de corredora pública.
Recordamos que la seguidilla de ordenanzas fue impulsada por el Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Pinamar y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores. Al respecto, desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) no se explican los motivos por los que se impulsa una medida perjudicial para la comunidad y para muchos martilleros y corredores públicos que eligen operar con marcas o franquicias, era equivocada.
“Sin perjuicio de eso, pesaron más las mezquindades de las empresas inmobiliarias tradicionales, instaladas en Pinamar desde hace muchos años, que pretendían cerrar el mercado; impidiendo que aparezcan empresas que presten servicios inmobiliarios de manera innovadora, tecnológica y con un salto de calidad en el servicio que brinda el sector”, afirmaron.
