El CONADUV expresó hoy su enérgico rechazo al nuevo incremento del 25 % en las tarifas de peaje de las autopistas porteñas, que regirá a partir del mes de mayo próximo, luego de llevarse a cabo la Audiencia Púbica “no vinculante” del día 9 de abril del corriente desde las 12.00 horas.
En dicho encuentro convocado, los interesados pueden efectuar el apoyo o rechazo a la solicitud de aumento del 25 % en las tarifas de peaje solicitado por la empresa Autopistas Urbanas S. A. (AUSA).
Tal cual viene ocurriendo, ha quedado claramente demostrado que las Audiencias Públicas, si bien son un requisito obligatorio de carácter “no vinculante”, son un simple formalismo que genera un desagradable show montado en este caso por el Gobierno porteño, transformándose en una burla y falta de respeto hacia los usuarios viales y participantes en general.
Otra falencia constante, es la falta de información adecuada previa sobre el tema en cuestión, no proporcionada a los participantes.
"En definitiva, como se va dando año tras año, se termina aplicando el nuevo esquema tarifario propuesto por el empresa concesionaria, favoreciendo así, solo los intereses particulares de AUSA", afirman desde CONADUV,
También destacan que "Ante cada incremento de las tarifas de peaje, los argumentos siempre esgrimidos por AUSA es la inflación, aumento de costos operativos, desalentar el uso de los vehículos y restablecer la ecuación económica-financiera del concesionario, no teniendo en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario".
"Es evidente que el principal objetivo del Gobierno porteño es recaudatorio y hacer caja esquilmando brutalmente a quienes transitan por las autopistas urbanas. El peaje se ha transformado en un verdadero impuesto al tránsito y sin una real contraprestación para el usuario vial, generando mayor costo de transporte y más inflación", consideran,
DEsde la entidad entienden que "Los sucesivos tarifazos que se vienen autorizando año tras año y que no se condicen con ningún tipo de índice, demuestran a las claras que no hay ni hubo atraso tarifario alguno, y que por ejemplo en el caso de la AU. Illia llegará al 12.000 % durante la gestión del PRO, generando una clara discriminación, ya que los usuarios viales de menor capacidad económica siguen siendo los verdaderos excluidos, reservándose el uso de las autopistas urbanas a los sectores de mayor poder adquisitivo".
Al margen de los incrementos tarifarios, se han producido aumentos encubiertos engrosando aún más la “caja negra” de AUSA y dañando a los usuarios viales. “Por ejemplo, implementar la hora pico más costosa y que antes no existía, cobrar hora pico en ambos sentidos y también los fines de semana y feriados, no levantar las barreras cuando hay congestión de tránsito, extender la franja horaria “pico” en una hora más, cobrar el doble de la tarifa si no se cuenta con el telepase.”
El problema del tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el objetivo de desalentar el uso del automóvil, no se soluciona aumentando las tarifas de peaje a valores descomunales. Se logra, entre otras cosas, mejorando en forma efectiva el transporte público de pasajeros y realizando playas de estacionamiento en zonas periféricas.
Es preocupante la indiferencia demostrada por gran parte de los señores Legisladores porteños, de la propia Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y del correspondiente Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, que no contemplan defender los legítimos derechos de los usuarios viales.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial exhorta al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a no autorizar el nuevo cuadro tarifario solicitado por AUSA, evitando generar mayores perjuicios económicos, no solo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad, más aun teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el País.
El CONADUV califica las tarifas de peaje que se cobran en todos los corredores viales concesionados en el País, de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para los concesionarios.
