La suspensión de las clases presenciales había sido dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional para los distritos considerados con "alarma y alto riesgo epidemiológico", clasificación en la que Córdoba estaba incluida, pero el Gobierno de Juan Schiaretti no se había adherido hasta hoy a esa medida.
El ministro de Salud, Diego Cardozo, fue el encargado de anunciar la suspensión de las clases presenciales entre otras medidas sanitarias dispuestas por el gobierno provincial, en el marco de una conferencia de prensa que encabezó Schiaretti.
Antes de darle la palabra a Cardozo para que detallara cada una de las medidas, Schiaretti recordó que él mismo había dicho que se tomarían otras decisiones cuando la provincia se aproximara "al 80% de ocupación de las camas críticas”, que hoy se encuentra cercana al 79%.
De esta forma, Córdoba comienza a partir del lunes una nueva etapa sin clases presenciales en todos los niveles educativos, que se extenderá hasta el 18 de junio.
El Gobierno nacional había dispuesto la suspensión de las clases en su último DNU, del 21 de mayo, debido al exponencial aumento de casos positivos de coronavirus, con 4.500 contagios promedios diarios, sumado al incremento de la ocupación de las camas críticas.
Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza fueron los tres distritos que no aceptaron esa decisión, pese a estar los dos primeros comprendidos en alarma epidemiológica por la cantidad de casos positivos por número de habitantes y el tercero al borde del colapso de camas de terapia intensiva.
Esta decisión del gobierno de Córdoba de no suspender la presencialidad en las aulas llevó a que padres y docentes alzaran su voz y se negaran a volver a esa modalidad.
“La vuelta a las aulas es un riesgo para la vida y una irresponsabilidad política”, habían manifestado en un comunicado conjunto los gremios docentes, con la firma de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), apenas conocida la decisión del gobierno de la provincia mediterránea de no adherir al DNU de Nación.
Se expresaron en el mismo sentido la Asociación Docentes de Enseñanza Media Especial y Superior (Ademe), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) y los docentes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem)..
La dirigencia de la UEPC lamentó hoy que “los funcionarios provinciales estuvieron una semana defendiendo la presencialidad, y ahora la actividad escolar vuelve a la virtualidad, tal como veníamos solicitando desde hace semanas, poniendo el cuidado de la salud por encima de todo lo demás”.
El propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Nicolas Trotta, entre otros funcionarios nacionales, habían reprochado al Gobierno de Córdoba por el dictado de clases presenciales en un contexto epidemiológico y sanitario crítico.
A pesar del posicionamiento crítico de distintos sectores, el ministro de Educación, Walter Grahovac, había defendido la decisión local al sostener que aún había “margen para garantizar la normalidad de las clases".
"La presencialidad es insustituible”, había remarcado ante los medios locales, ocasión en la que pidió al Gobierno nacional que “no transgreda los intereses de la provincia”.
Por otra parte, la legisladora provincial del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Luciana Echevarría y el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Gastón Vacchiani, presentaron denuncia penal contra de Schiaretti, los ministros Cardozo y Grahovac por entender que cometieron delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Entre los fundamentos sostienen que arriesgaron a la población con la “presencialidad forzada en las escuelas y con la apertura de prácticamente todas las actividades económicas no esenciales en el pico máximo de contagios”.
“Son responsables de la catástrofe sanitaria a la que llevaron a la provincia con su política criminal”, por lo tanto “no pueden quedar impunes”, expuso en las redes sociales Echevarría, quien añadió que “el aumento incesante de los casos y las muertes evidencian que el colapso ya llegó, aunque se nieguen a asumirlo”.
La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía de Instrucción en Turno por considerar que, los funcionarios apuntados, incurrieron en dictados resoluciones y órdenes contrarias a las normas constitucionales, nacionales y provinciales, conductas que están el artículo 248 del Código Penal.
