La rendición detalla que el alto porcentaje de ingresos que percibe San Isidro, casi el 66 por ciento, proviene de las tasas que pagan sus contribuyentes, permitiendo tener autonomía financiera en la gestión municipal y no depender únicamente de al coparticipación nacional y provincial.
El concejal del interbloque de Juntos San Isidro y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Benjamín Williams, se encargó de abrir el debate respecto de la rendición de cuentas del ejercicio 2021.
“Este ejercicio es positivo y altamente equilibrado, tal como nos tiene acostumbrados el ejecutivo local. Vale destacar que el 2021 contó con variaciones inflacionarias que no estaban en los cálculos de nadie y aún así se cumplieron parámetros de ingresos y egresos previstos en el presupuesto municipal 2021”, afirmó Williams.
Previo a su tratamiento en el recinto, los concejales contaron con reuniones junto a funcionarios municipales de distintas áreas, quienes aclararon dudas acerca de los gastos e inversiones realizadas en la gestión del año anterior.
La rendición de cuentas del ejercicio 2021 concluyó con 14 votos a favor y 10 en contra.
El Concejo Deliberante de San Isidro se adhirió a la "Ficha Limpia"
En la sesión de hoy, el Concejo Deliberante de San Isidro se adhirió al decreto 915, que establece que las personas condenadas por delitos dolosos graves no podrán ser designadas como funcionarios y empleados.
La concejal Macarena Posse publicó en sus redes: "En la sesión de hoy del HCD San Isidro adherimos al decreto Ficha Limpia que se implementó en San Isidro. Esta iniciativa impide que aquellos que posean una condena judicial accedan a cargos públicos. De esta manera, garantizamos la transparencia de nuestras instituciones".
Mientras que su par, Rosalía Fucello, sostuvo: "Ficha Limpia es una realidad en San Isidro. Que salga en los 134 municipios restantes, a nivel provincial y que sea una Ley Nacional. Sigamos trabajando juntos".
Algunos de los delitos que abarca esta resolución son aquellos relacionados con hechos de corrupción o que conlleven inhabilitación específica para ejercer cargos públicos; femicidio, violencia de género o abuso sexual; delitos contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y orden constitucional, contra el orden económico y financiero.
