Lo pidió una de las fiscalías especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos, en una causa en la que investiga también a dos exministros, informó el Ministerio Público en Twitter.
“El requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, explicó el organismo en el mensaje.
La fiscalía sostiene que Castillo dirigía una red de concesión irregular de contratos de obras públicas y de lavado de activos integrada por familiares y colaboradores políticos, según la agencia de noticias AFP.
El pedido de prisión preventiva alcanza también a Juan Silva y Geiner Alvarado, que fueran sus ministros de Transporte y Comunicaciones y de Vivienda, respectivamente.
La solicitud se produjo después de que el Congreso autorizara a la fiscalía a actuar penalmente contra el expresidente y los exministros.
Castillo está preso en un penal en Lima desde el 7 de diciembre, día en que el Congreso lo destituyó horas después de que anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Por ese motivo se le impuso prisión preventiva por 18 meses mientras se lo investiga por el delito de rebelión.
