El Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei ha generado un profundo malestar en las universidades públicas, que exigen una asignación presupuestaria mayor para enfrentar la crisis salarial y el funcionamiento de las instituciones. El Ejecutivo destinaría $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $7,2 billones, casi el doble de lo propuesto.
El anuncio realizado por Milei en el Congreso revivió el conflicto tras el veto presidencial que semanas atrás había generado protestas en el sector. Rectores y gremios universitarios, que representan tanto a docentes como a no docentes, amenazan con realizar una nueva marcha en octubre para presionar al Congreso y exigir una revisión del presupuesto destinado a la educación superior.
El presidente del CIN, Víctor Moriñigo, y rector de la Universidad Nacional de San Luis, expresó su preocupación ante el recorte: "Advertimos que hay una diferencia enorme. El Gobierno no contempla la recuperación de los salarios ni la inflación proyectada para 2025". Según Moriñigo, el Presupuesto 2025 no incluye incrementos salariales suficientes para hacer frente a la inflación estimada del 18%, lo que impactaría negativamente en los salarios de docentes y no docentes, quienes verían sus ingresos estancados.
En lo que va del año, el Gobierno ha asignado actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, que representan el 5% del presupuesto universitario. Sin embargo, los gremios han denunciado que estos aumentos son insuficientes para cubrir los salarios, que constituyen el 85% del presupuesto total de las universidades. Las actualizaciones de este año incluyen un 4% en junio, 9% en mayo, 8% en abril, 12% en marzo y un 16% en febrero, pero estas cifras siguen siendo menores frente al incremento inflacionario.
Las universidades y sus gremios se reunirán la próxima semana para definir las medidas a seguir. En ese sentido, Moriñigo adelantó que tras la reunión del CIN se anunciarán las medidas de fuerza que incluirán una nueva marcha en octubre, a menos que el Gobierno acceda a renegociar el presupuesto y contemplar los reclamos de los rectores.
El conflicto marca una nueva etapa de tensión entre el Gobierno de Milei y las universidades públicas, quienes ya se movilizaron en varias oportunidades en lo que va del año debido a la insuficiencia de los fondos destinados a la educación superior.
