La Cámara Nacional Electoral de Argentina confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de tres sospechosos acusados de amenazas coactivas contra Sergio Massa, su hijo y otros miembros de su familia. La denuncia fue realizada por Malena Galmarini en 2023, en el contexto de la campaña presidencial de Massa, y la jueza María Servini lidera la investigación para esclarecer los hechos.
La decisión de la Cámara abarca a Mauricio Mendoza Michel, Camila Rojas Girón y Franco Zamudio, quienes enfrentan cargos por presuntas amenazas a Massa y su entorno. Durante la campaña electoral del año pasado, los sospechosos habrían utilizado perfiles de Instagram como “edencomoelpatio” y “mauriimendoza4” para enviar mensajes intimidantes, calificados como amenazas coactivas, aunque sin buscar concesiones políticas. La jueza María Servini encomendó a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina la identificación de los emisores, que permitió establecer una conexión con los procesados.
En sus declaraciones, Massa expresó su preocupación por la seguridad de su familia tras recibir las amenazas, que fueron “expresiones intimidantes recibidas durante la campaña”. El tribunal determinó que, aunque las amenazas no incluyeron la intención de obtener favores de funcionarios, resultaron suficientemente graves como para calificar de amenazas coactivas según el artículo 149 bis del Código Penal.
Según el fallo, se comprobaron los elementos necesarios para sostener la responsabilidad penal de los imputados en la instancia inicial, destacando el vínculo entre ellos y las cuentas de donde provinieron los mensajes. La Cámara, además, desestimó los argumentos de la defensa, que sostenían que las amenazas no alcanzaban el “estándar de seriedad” requerido para constituir delito. En la resolución, el tribunal enfatizó que no se trató de simples reacciones a comentarios de otros usuarios en redes sociales sino de publicaciones propias que los señalaban como autores principales de las intimidaciones.
Entre las precisiones, el tribunal recordó que Tomás Massa, hijo del candidato presidencial, relató ante la justicia que le “preocupa el día que alguno de los que manden mensajes diga lo voy a ir a buscar, entonces termina dando miedo que me lleguen amenazas de muerte”, en referencia a la gravedad de las amenazas recibidas. Por esta razón, durante la campaña se dispuso la custodia especial de su entorno familiar.
En una opinión parcial disidente, el juez Alberto R. Dalla Via sugirió la importancia de analizar las amenazas en su contexto, subrayando que las redes sociales han transformado la comunicación en campañas políticas, facilitando tanto la desinformación como la intimidación.
El fallo concluye con una referencia a la investigación abierta, que podría sumar nuevas evidencias en el futuro. Así, el tribunal remarcó la necesidad de profundizar en el análisis de los hechos para asegurar la completa protección del proceso electoral.
Este caso reafirma la importancia de abordar delitos digitales en el marco electoral, destacando los desafíos de aplicar la ley a amenazas en plataformas sociales y protegiendo la seguridad y la transparencia en el proceso democrático. El tribunal resaltó que situaciones como esta ponen en riesgo no solo a las personas implicadas, sino también a la integridad del proceso electoral, y subraya la necesidad de sanciones adecuadas para preservar el derecho de participación política.
