Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) implementará cortes y restricciones del suministro de agua a 700.000 usuarios en mora. La medida afecta tanto a hogares como a comercios e industrias con atrasos en el pago de dos períodos consecutivos, y forma parte de un plan de acción para reducir la deuda acumulada, que representa el 16% de los usuarios.
Desde la empresa informaron que las acciones están respaldadas por la Ley 26.221, que autoriza la restricción o corte del servicio siempre que se cumplan requisitos específicos, como la intimación previa al usuario con un plazo mínimo de 15 días.
Notificaciones y modalidades de corte
Los usuarios en mora reciben notificaciones por correo postal y electrónico. Para los residenciales, la empresa aplica una restricción del caudal, garantizando el suministro mínimo permitido por la normativa. En el caso de comercios e industrias, puede implementarse el corte total del servicio.
Aumentos tarifarios y contexto económico
El aumento tarifario acumulado del 305% interanual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) complicó el acceso al servicio de agua potable para muchas familias. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, una familia tipo necesita $134.173 para cubrir servicios básicos sin subsidios en noviembre.
Pese a las dificultades económicas, AYSA decidió endurecer sus políticas de cobro. Desde la empresa señalaron que la gestión anterior no aplicaba medidas como el corte o la restricción, previstas en la normativa vigente.
Opciones de regularización
Para mitigar el impacto en los usuarios, AYSA implementó programas de regularización de deudas, que incluyen opciones de pago en cuotas e indultos en los intereses acumulados. Además, destacó que las medidas de cobranza son aplicadas como último recurso, luego de agotar todas las instancias previas.
Protección a instituciones sensibles
La normativa prohíbe aplicar estas medidas en instituciones como hospitales, sanatorios y cárceles sin antes explorar instancias alternativas de cobro y obtener autorización del ente regulador.
Desde AYSA enfatizaron que el objetivo principal de estas medidas es normalizar el funcionamiento de la empresa, equiparándolo a estándares de gestión empresarial. Además, aclararon que el servicio se restablece dentro de las 48 horas posteriores a la regularización de la deuda, incluyendo el pago de notificaciones y costos de reconexión.