Un arquitecto, un contratista y un inversor fueron detenidos tras un operativo realizado en un exclusivo desarrollo inmobiliario frente a Nordelta, en el partido de Tigre. En el lugar, la Dirección General Impositiva (DGI) descubrió a 24 trabajadores en condiciones de explotación laboral, mientras que un cuarto sospechoso permanece prófugo.
Según las fuentes oficiales, la mayoría de los obreros, provenientes de la provincia de Salta, trabajaban largas jornadas de hasta 14 horas diarias, de lunes a sábado, y vivían en condiciones precarias sin estar registrados formalmente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, bajo la dirección de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi.
El procedimiento tuvo lugar en el complejo de lujo Delta Center, ubicado sobre la ruta 27 frente al Golf de Nordelta. Este emprendimiento ofrece 172 unidades residenciales y 17 locales comerciales, pero durante el operativo se constató que los trabajadores no solo “recibían salarios muy bajos”, sino que también tenían restricciones en su libertad de movimiento, según las fuentes.
Un caso particularmente grave fue denunciado por uno de los obreros, quien sufrió un accidente con una amoladora y aseguró que el contratista le negó atención médica en un hospital.
Como resultado del procedimiento, tres responsables del proyecto fueron arrestados: un arquitecto, un contratista y un inversor, mientras que un segundo inversor cuenta con un pedido de captura.
La DGI, junto al Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal, personal de fiscalización de la Dirección Regional Norte y el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lideró el operativo, que también contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Desarrollo Social de Tigre.
Las declaraciones de los trabajadores quedaron registradas en actas para ser analizadas y determinar las responsabilidades legales de los involucrados.
"La mayoría de los trabajadores se encontraban viviendo en pésimas condiciones de seguridad e higiene", indicaron las fuentes.
