En el marco de una investigación por explotación laboral que afecta a 24 trabajadores en un desarrollo inmobiliario de Tigre, la Dirección General Impositiva (DGI) realizó un nuevo allanamiento que resultó en la detención de un inversor que se encontraba prófugo y con pedido de captura. Con esta aprehensión, ya son cuatro los detenidos: un arquitecto, un contratista y dos empresarios salteños, señalados como presuntos responsables de la construcción.
Días atrás, se llevó a cabo el primer operativo en Delta Center, un complejo de lujo con 172 unidades residenciales y 17 locales comerciales, ubicado frente a la entrada al Golf de Nordelta, en Rincón de Milberg. En ese lugar, las autoridades descubrieron que las víctimas, en su mayoría provenientes de Salta, vivían en condiciones extremadamente precarias, sin seguros de salud, no registradas laboralmente y cumpliendo jornadas superiores a 14 horas sin los descansos obligatorios. Además, recibían salarios muy bajos y se les restringía la libertad de movimiento.
Hasta el momento, los detenidos son:
Carlos Alberto Díaz Chilo: empresario oriundo de Rosario de Lerma, Salta, investigado por la compra de vehículos utilizados para el traslado de los trabajadores.
Pablo Gastón Pellegrino: empresario hotelero del Valle de Lerma, señalado por invertir en los proyectos y facilitar la estructura financiera de la organización.
Cristian Sajama: supuesto contratista del emprendimiento, cuyo nombre figura en el Boletín Oficial de Salta bajo la profesión de comerciante.
Walter Jorge Mosca: arquitecto y capataz, acusado de mantener a los trabajadores en condiciones precarias extremas. En 2014, fue investigado por presunto lavado de dinero, lo que incluyó un allanamiento en sus oficinas de Nordelta.
En el último operativo, realizado por la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina (PFA), el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y otros organismos, bajo la orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se secuestraron:
Tres pistolas y un revólver calibre .38, junto con cajas de municiones.
Más de 28 millones de pesos argentinos, además de dólares, euros y otras monedas extranjeras.
Planos de obra, recibos de pago, registros laborales y elementos relacionados con la construcción.
Cuatro automóviles, algunos de ellos de alta gama.
Participaron en los procedimientos la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre, el Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal, personal de fiscalización de la Dirección Regional Norte de la DGI - ARCA y el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El caso está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, con la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi. Se investigan posibles vínculos con otras obras de construcción en el área metropolitana y contratos que involucrarían grandes sumas de dinero. Aunque el caso se conoció recientemente, la primera denuncia se presentó a mediados de año ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
