El juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de Cambiemos en 2017 por rendir aportes falsos de personas que afirmaron no haber realizado esos pagos. La investigación determinó que hubo al menos 316 aportes irregulares, que totalizaban 1.962.325 pesos de aquel año, equivalentes a 122 millones de pesos actualizados según el IPC del INDEC.
La causa abarca la campaña para las elecciones primarias y generales de 2017, donde Esteban Bullrich y Gladys González fueron candidatos a senadores nacionales y Graciela Ocaña encabezó la lista de diputados. En esa elección, Cambiemos, apoyado por el entonces presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, venció a la lista de Cristina Kirchner.
Los procesados son Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, responsables económico-financieros de la campaña. Fueron acusados de falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña. Además, el juez dictó embargos de entre 30 y 50 millones de pesos sobre sus bienes.
La investigación reveló que un 37% de los aportes analizados eran falsos, con montos entre 700 y 22.000 pesos, y que el 90% de los fondos fue manejado en efectivo, una práctica prohibida desde 2019. “Muchos de estos casos correspondían a beneficiarios de programas sociales o personas en situación de vulnerabilidad, sin capacidad económica para aportar”, detalló Ramos Padilla.
Testimonios de los supuestos aportantes dieron cuenta de su situación. “Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas y apenas llego a fin de mes”, declaró una mujer. Otra aportante falsa, que cobraba 4.800 pesos del Programa Hogar, fue registrada con un aporte de 2.000 pesos.
El juez señaló que no se trató de un error, sino de una maniobra deliberada para ocultar el origen de los fondos. Además, remarcó que aún se desconoce la procedencia de gran parte del dinero utilizado en la campaña, lo que motivó la continuidad de la investigación.
Finalmente, Ramos Padilla rechazó un planteo de los procesados que solicitaba detener la causa hasta que se resolviera el control electoral en la Corte Suprema. Argumentó que aceptar ese pedido implicaría otorgar privilegios de inmunidad a los imputados.
