Gobierno establece el nuevo salario mínimo vital y móvil para los próximos cuatro meses

El Gobierno nacional definió el nuevo monto del salario mínimo vital y móvil, que regirá durante los próximos cuatro meses, mediante la Resolución 17/2024 publicada en el Boletín Oficial. La decisión se tomó luego de que las cámaras empresarias y los sindicatos no lograran un acuerdo en las negociaciones realizadas en la Secretaría de Trabajo.

El monto establecido será de $279.718 a partir de diciembre de 2024, con aumentos progresivos hasta alcanzar los $296.832 en marzo de 2025. Estos valores aplican a todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744.

En el artículo 1 de la resolución se detallan las cifras correspondientes:

• Desde el 1° de diciembre de 2024, el salario mínimo será de $279.718.


• A partir del 1° de enero de 2025, se incrementará a $286.711.


• Desde el 1° de febrero de 2025, llegará a $292.446.


• Finalmente, a partir del 1° de marzo de 2025, ascenderá a $296.832.

Además, se aclaró que los trabajadores jornalizados recibirán aumentos proporcionales en su remuneración. Para diciembre, el valor por hora será de $1.399, mientras que en enero subirá a $1.434, en febrero a $1.462 y en marzo a $1.484.

Por otro lado, la Prestación por Desempleo también se ajustará, siendo equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese de su contrato. En ningún caso, este beneficio será menor al 50% del salario mínimo ni superará el 100% del mismo, según establece el artículo 2 de la resolución.

La decisión del Gobierno se tomó tras una semana de la reunión fallida en la Secretaría de Trabajo, donde las cámaras empresariales propusieron un aumento escalonado que llevaría el salario mínimo a $295.000 en marzo de 2025, mientras que los sindicatos, entre ellos la CGT y las CTA, exigieron un monto inicial de $572.000.

En lo que va del año, los desacuerdos en las negociaciones de febrero y julio también llevaron al Poder Ejecutivo a intervenir mediante decretos, dejando en evidencia la dificultad de alcanzar consensos en este ámbito.