El gobierno nacional oficializó la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público, en el marco de una política orientada a reducir el gasto público. La medida, que se formalizó a través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, también establece límites en la duración de los contratos y la obligatoriedad de aprobar un examen de idoneidad para acceder a un empleo estatal.
La normativa fue publicada en la última edición del Boletín Oficial de 2024 y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Aunque contempla excepciones al congelamiento de la planta estatal, la medida establece un nuevo régimen para el empleo público.
El decreto 1148/2024 estipula que “las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, alcanzando tanto a plantas transitorias como a contratos por tiempo indeterminado. Además, incluye restricciones para los monotributistas bajo contratos 1.109.
Entre las excepciones destacadas se encuentran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y personal de establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud, entre otros sectores.
Como medida adicional, el decreto establece la denominada estrategia del “3x1”, que permite nuevos ingresos únicamente si se registran tres bajas de personal, cualquiera sea la causa.
El decreto 1149/2024 fija otro requisito clave: los aspirantes deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante diciembre de 2024, además de establecer que las contrataciones no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025.
En el marco de esta política de reducción del empleo público, 36.000 empleados fueron cesanteados en 2024. De ellos, 21.408 trabajaban en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 en funciones militares y de seguridad, y 11.951 en empresas estatales.
En diciembre pasado, el ministerio de Justicia despidió a unos 2.200 trabajadores bajo contratos ACARA, mientras que más de 100 empleados de la Defensoría del Público también fueron desafectados. Según el Ejecutivo, este organismo será eliminado próximamente.
El ministro Sturzenegger justificó la medida al afirmar que “siempre menos gasto público son menos impuestos y, por ende, más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras, es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños”.
